La pandemia tiene al 50% de trabajadores informales de Cali sin empleo
La pandemia tiene al 50% de trabajadores informales de Cali sin empleo
ALERTAS ANTE NUEVO INTENTO DE LA ADMINISTRACION
MUNICIPAL POR REVIVIR EL NEFASTO ACUERDO
0424
En reunión sostenida El día sábado 23 de Enero del
presente año entre el señor Jimmy Dranguet
(Subsecretario de inspección, vigilancia y control) y un grupo de vendedores de organizaciones sindicales se anunció la
pretensión de darle aplicación al
fracasado acuerdo 0424 de 2017, vale la pena recordarle a los
compañeros que la caracterización
realizada en el año 2017 fracaso porque los vendedores no se caracterizaron y porque
de 1000 caracterizaciones hechas por fuera del centro, más de 800 quedaron
mal elaboradas.
Ahora pese a la pandemia, a los altos índices de
desempleo, al incremento de la informalidad se pretende aplicar dicho acuerdo
que tiene como último fin la “privatización”
del espacio público y con ello el desalojo de la inmensa mayoría del
gremio.
Si bien el gobierno municipal informa que entrego parcialmente algunas ayudas a cerca
de 1200 vendedores esto no representa ni el 10% del total de trabajadores
informales de la ciudad, por ello nos sumamos a quienes piden una renta básica
para los sectores sociales más vulnerables como en este caso son la inmensa
mayoría de los vendedores informales.
Rechazamos así la intención del gobierno de desconocer
la vulnerabilidad de la inmensa mayoría de los vendedores donde más del 98% de estos sobreviven de lo que
ganan en la venta informal y si se les quitan su única fuente de ingresos los enviarían a la
miseria absoluta.
La pretensión de la alcaldía de volver vulnerable a población que tiene
un nivel de vida digno, quitándole su
única fuente de empleo…es INADMISIBLE
Por qué se le quiere vulnerar a los vendedores informales el mínimo
vital que obtienen con su venta en el espacio
público con el supuesto de no ser
vulnerables, pero a quienes si tienen grandes
capitales económicos se le permitiría
esa ocupación. CONTRADICCIONES
INEXPLICABLES.
También rechazamos
que el alcalde Ospina pretende contratar
entre los 270 caracterizadores a algunos vendedores quienes serían los
encargados de hacer la encuesta y “convencer”
a los compañeros de las “bondades” inexistentes
de la caracterización con lo cual
estos aceptarían incluirse dentro del
acuerdo 0424 y su política de
regulación que no es otra cosa que un “plan
de desalojo” disfrazado, igualmente
se hace un llamado fraternal a los compañeros para que no se presten a esto que finalmente va en contra del gremio, no se puede servir a
dos señores al mismo tiempo o están con sus compañeros y el gremio o están con el gobierno.
Reiteramos el llamado a los vendedores a que no se caractericen y que no firme porque
si lo hacen con su firma estarán autorizando al gobierno a que los investiguen como si fueran los peores
criminales, porque para un vendedor es un
delito tener una casa o una moto.
En ese orden de ideas hay que dejar en claro que el decreto
1377 que reglamenta la ley 1581 de 2012
“Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos
personales”, especifica en el Capítulo II de autorizaciones, articulo
4 “NO
SE PODRÁN RECOLECTAR DATOS PERSONALES SIN AUTORIZACIÓN DEL PERSONAL” y “No Se Podrá Utilizar Medios Engañosos O
Fraudulentos Para Recolectar Y Realizar
Tratamiento De Datos Personales”
En todo caso se debe informar que por tratarse de
datos sensibles “NO ESTÁ OBLIGADO A
AUTORIZAR SU TRATAMIENTO, todo esto en el MARCO GENERAL DE LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES EN COLOMBIA”.
(En próximo boletín ampliaremos esta información).
Rechazar falsas promesas de empleo en
almacenes o la alcaldía hecho
por el señor Jimmy Dranguet…
Rechazar que pretenda desalojar a más del 90 % de
los vendedores que tienen sus caseta
porque debe estar el propietario original de hace 40 años (artículo 3
literal b. existencia del beneficiario, acuerdo 0424)
desconociendo la confianza legítima
de estos vendedores.
Rechazar las
afirmaciones del señor Dranguet que si el vendedor no se caracteriza “se queda por fuera”, desconociendo
que los vendedores informales en
Colombia ya tienen el reconocimiento a través de las sentencias de la Corte
Constitucional, sentencia como la C- 211 de 2017, T- 067 de 2017 y muchas otras
que reconocen la Confianza Legítima, así como los derechos de la mujer madre cabeza de familia, tercer
edad, personas en condición de discapacidad, así como el mínimo vital, el derecho
al trabajo, etc., usted Compañero….ya
está ampliamente reconocido en su condición de ciudadano y de población
vulnerable o en peligro de vulnerabilidad.
Rechazar la pretensión del gobierno municipal de
desalojar los vendedores de las esquinas
y las entradas a las estaciones del MIO y que gozan de la confianza legítima,
esto constituye un atropello contra el trabajador y un desconocimiento y
desacato a las sentencia emitidas por la Corte Constitucional.
“ME QUITAS LA VIDA, CUANDO ME
QUITAS LOS MEDIOS QUE ME PERMITIAN VIVIR”
WILLIAM SHAKESPEARE
La Asociación de
Vendedores Ambulantes, Semi-estacionarios y Estacionarios de Cali (Colombia) ASOVAES en representación legal de los
afiliados, y la Unión General de Trabajadores Independientes y de la economía
Informal UGTI- Valle del Cauca mediante la presente comunicación dan a
conocer la situación por la que atraviesan los vendedores informales y solicitan
su apoyo oportuno ante la grave crisis sanitaria coronavirus (Covid 19).
Síntesis:
los vendedores afiliados en el departamento del Valle de Cauca con la organización UGTI son 700
vendedores informales y en Cali con la organización ASOVAES un total aproximado
de 380 del cual depende su núcleo
familiar.
Se solicitó al gobierno municipal y
departamental así como a ONG al inicio de la cuarentena ayuda alimentaria tanto
para los afiliados como para el total de vendedores informales de Cali ( capital
del departamento), así como para los municipios de Ginebra, Buga y Buenaventura
donde UGTI cuenta con subdirectivas se logró al inicio que se entregaran
algunas ayudas que sin embargo no han sido suficientes, en Cali el gobierno
municipal les ha entregado un total
aproximado de 1000 mercados para
una población total de 20.000 trabajadores informales y recientemente la gobernación del Valle
entrego aproximadamente 190 mercados a un grupo de personas adultos mayores y en condición de
discapacidad, pero estas entregas no llegan al total de los vendedores. El gobierno nacional del presidente Iván
Duque habla de 10 o más programas
sociales en el cual de esos el 98% de los trabajadores informales del país no
han sido incluidos.
Lamentablemente
muchos han dejado de creer en la veracidad de dichos programas asistenciales ya
que la inmensa mayoría de los
trabajadores informales afirman no haber
recibido ninguna de estas ayudas.
Aunque muchos
vendedores comenzaron a trabajar nuevamente y
asumieron las medidas de
bioseguridad implementadas por el gobierno municipal en Cali y en el
Departamento la situación económica es difícil debido a la
disminución de las ventas la cual es el reflejo
del aumento del desempleo que ya supera el 20% de la Población Económicamente
Activa, muchos vendedores aún deben uno
o dos meses del alquiler de sus viviendas, así como el pago
de servicios públicos y otras deudas
acumuladas.
Por todo lo
anteriormente expuesto solicitamos a esta organización tener en cuenta el alto
nivel de vulnerabilidad de esta población el cual se ha acrecentado durante la
pandemia Covid-19 y la cuarentena a la que se vieron sometidos y al ser un
sector empobrecido algunos cuentan con sistema de salud subsidiada
"SISBÉN" pero muchos otros sin
ningún plan de salud.
Al estar expuesta
esta población al contagio además hay
el temor de no ser incluidos en los programas de vacunas que pudieran
llegar al país.
En la ciudad de
Cali hemos impulsado puesto por puesto con los compañeros vendedores el llamado
a protegernos con las medidas de bioseguridad que se impulsan a nivel nacional,
se entregaron a aproximadamente a 300 vendedores unos
kits de bioseguridad aportados
por cooperantes internacionales a través de la Central Unitaria de Trabajadores
- CUT-, pero estos siguen siendo insuficientes como ya se explicó de unos
20.000 vendedores y en el departamento de aproximadamente unos 40.000 que
además siguen sin un apoyo alimentario
permanente.
Resumen
• La cuarentena y la difícil
situación económica y social del país nos obliga a un grito de S.OS
• Carecemos de renta básica,
ingreso solidario, kits de bioseguridad permanentes, ayuda permanente de
pequeños mercados y otros programas de servicio social.
Es importante que los organismos
internacionales en las posibilidades que brinden sus competencias sea garante
de que se garantice la atención oportuna a los vendedores informales como
población de alta vulnerabilidad, igualmente que en el proceso de vacunación a nuestro país, se de a este
sector vulnerable a tiempo y en forma gratuita y no vayan a ser excluidos de
estas como hasta ahora con la canasta alimentaria
Igualmente si está dentro de sus
competencias o tienen conocimiento para
solicitar la entrega de ayudas a organismos que realicen esta labor o a
la cual pudiéramos hacer llegar dichas solicitudes.
En caso de ser necesario podríamos hacer
llegar una lista general unificada de
afiliados a estas dos organizaciones.
Igualmente expresamos nuestra solidaridad
con los trabajadores del hospital San Juan Dios de Cali, que atiende
esencialmente a población pobre vulnerable y la cual lleva más de 8 meses sin
recibir su sueldo, esto incluye personal médico y administrativo y lo cual es
incomprensible en estos momentos que se atiende por parte del personal médico
las personas afectadas por el Covid-19.
La asociación ASOVAES se encuentra registrada ante la Cámara de Comercio y la UGTI como sindicato de rama de la
Central Unitaria de Trabajadores registrada ante la Oficina regional del
trabajo del Ministerio del Ministerio del trabajo de la Republica de Colombia
observatorio
de desarrollo social
División
del trabajo social CEPAL
ONU
Naciones Unidas
Comisión
económica para América latina y el caribe
• Consejo de derechos humanos de
las naciones unidas
• Presidencia de la república de
Colombia
• Ministerio de salud y
protección social
• Dirección del departamento
nacional de planeación
• Gobernación valle del cauca
• Alcaldía de Santiago de Cali
7 MUJERES TRABAJADORAS INFORMALES, MADRES CABEZA DE FAMILIA INTERPONE ACCION DE DESACATO CONTRA ALCALDE DE CALI Y DEPENDENCIA DE ESPACIO PUBLICO
El 5 de octubre del presente año el JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE CALI del presente año, tutelo “los derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital y petición” de siete trabajadoras informales que se ubican en la carrera 8 entre calles 11 y 12 luego de que estas compañeras instauraran acción de tutela por los hostigamientos, persecuciones y desalojos de los que fueron objeto en el mes de septiembre por parte de funcionarios de la subsecretaria de Inspección, Vigilancia y control, en el resuelve de la acción interpuesta se orden al subsecretario Jimmy Draguet proceder dentro de los ocho días siguientes de la notificación a revisar procedimientos de bioseguridad que deben aplicar (distanciamiento etc.) , sin embargo a la fecha de publicación de este boletín, 28 de octubre no solo no se ha
cumplido por parte de los funcionarios en mención con dicho resuelve sino que además tantos agentes de policía como contratistas persisten por órdenes superiores a no permitir el trabajo de las compañeras, violando así la orden de un juez de la república, esto obligo a estas trabajadoras a interponer acción de desacato contra la administración local.
En la solicitud de desacato se pide, “Con base en los hechos narrados me permito solicitarle al despacho que en los términos de ley le ordene a la Alcaldía de Cali y en especial al Dr. Jimmy Dranguet Rodríguez – Subsecretario de Seguridad de Cali, el cumplimiento del fallo, o en su defecto se imponga la multa y la orden de arresto que están prescritos en la norma”.
PERO LA ORDEN DADA POR EL JUEZ NO ES LA UNICA VIOLACION DEL ALCALDE Y SUS FUNCIONARIOS
Lamentablemente la presente administración en cabeza del alcalde JORGE IVAN OSPINA, no solo procede a desobedecer una orden de un juez de la república, también con su actitud frente a estas mujeres madres cabeza de familia se violentan otras sentencias de la corte constitucional, tales como:
SENTENCIA C- 211
CONFIANZA LEGÍTIMA
Esta sentencia que responde a una demanda contra el código de Policía, expresa que “cuando se trate de personas en situaciones de debilidad manifiesta o pertenecientes a grupos de especial protección ( en este caso mujeres madres cabezas de familia) que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional se encuentren protegidas por el principio de confianza legítima, no se les aplicara las medidas correccionales de multa, decomiso o destrucción, hasta tanto se les haya ofrecido por las autoridades competentes programas de reubicación o alternativas de trabajo formal, en garantía de los derechos de la dignidad humana, mínimo vital y trabajo”.
MADRES CABEZA DE HOGAR
La especial protección de las mujeres cabezas de familia proviene directamente de la constitución que en el enciso segundo del artículo 43 establece que “el estado apoyara de manera especial a las madres cabezas de familia como sujetos de especial protección constitucional”
ASOVAES –UGTI VALLE DEL CAUCA hacen un llamado al señor alcalde Jorge Iván Ospina y a sus funcionarios a que se respeten los derechos legales y constitucionales de los y las trabajadores informales y en especial en el caso en mención de 7 compañeras que con su trabajo suplen las necesidades básicas de sus familias en un momento en que todos hemos sido golpeados por la pandemia y que durante la cuarentena no se recibieron ningún tipo de ayudas económicas ni alimentarias por parte del estado, a que se les respete la confianza legítima y su condición de población vulnerable, que se les permita seguir laborando como lo ordena la sentencia en mención sin incurrir en desacato.
Vale la pena también observar que estas compañeras mantienen medidas de sus puestos acordes no superiores a 2 X 2 y que en todo momento muestran su absoluta disposición a asumir medidas de bioseguridad para ellas y sus clientes
Lamentable realidad...en Colombia Trabajadores Informales perseguidos más que a los propios delincuentes
Trabajadores Informales jornada de unidad y movilización en #Cali
EXITOSA MARCHA DE VENDEDORES INFORMALES EN CALI EL 19 DE OCTUBRE
Como antesala de la gran movilización nacional del día miércoles 21 de octubre en el marco del Paro Nacional los vendedores informales de Cali realizaron el día lunes 19 una importante movilización por las calles del centro que tuvo su inicio en un plantón en la gobernación, plazoleta de san francisco y concluyo frente al palacio de justicia (Plaza de Caicedo), en dicha movilización los vendedores denunciaron como el alcalde de la ciudad Jorge Iván Ospina pretende el desalojo de la mayoría de los vendedores con el único objetivo de lograr la privatización del espacio público despojando así a más de 20.0000 vendedores quienes perderían su única fuente de empleo, dichos propósito se lograrían ejecutando el fracasado acuerdo 0424 de 2017 dejado por el anterior alcalde ARMITAGE, realizando caracterización socioeconómica de vendedores con un registro previo que lo único que busca es despojar de su condición de población vulnerable a la mayoría de vendedores de la ciudad. Igualmente los vendedores denunciaron la mal llamada Política Publica de Vendedores, conocida como ley empanada (ley 1988 de 2019) que tiene muy poco de política pública y que solo busca igual que el acuerdo 0424 la privatización del espacio público a través de fallidos programas de emprendimiento y cursos de oficios menores que como la afirmo a la Corte Constitucional en su sentencia T 067 de 2017, no garantizan un empleo digno para los vendedores, al aceptar este proceso el vendedor pierde la confianza legítima y con ello como ya ha ocurrido en ciudades como Bogotá, Bucaramanga, Tuluá, Cartagena al querer regresar al espacio público lo espera una un policía que de inmediato le aplicaría un comparendo superior a los $90.000. La Ley 1988 es una empanada envenenada. Impone masivamente las fracasadas “reubicaciones”; facilita que el sistema financiero estafe a los trabajadores con Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), en lugar del derecho a la pensión digna; y, privatiza el espacio público en favor de un puñado de grandes empresas, que se van a apropiar de la riqueza de la que sobreviven más de 15 millones de colombianos humildes que no encuentran o perdieron su lugar en la economía formal. Los vendedores se comprometieron a seguir en la lucha por la defensa de los derechos legales y constitucionales, a no caracterizarse y defender su antigüedad en el espacio público En consecuencias, ASOVAES y UGTI Valle las organizaciones de trabajadores y vendedores informales de Cali y los vendedores presentes en la movilización se reafirman en que: Rechazamos la política del Presidente Duque y del Alcalde Ospina de expulsar a los vendedores ambulantes de las calles sin garantizarles el derecho a tener un empleo estable y bien remunerado, lo cual no lo brindan las reubicaciones. Rechazamos que, en medio de la crisis económica, con altos niveles de desempleo, se intente imponer un registro de vendedores informales para evitar que sigan llegando personas a sobrevivir en el espacio público. Rechazamos que se intente imponer el cobro por aprovechamiento económico del espacio público, esta es la manera para que grandes empresas se apropien del mismo y hagan fortuna donde sobreviven miles. Recuperar el espacio público no es que se lo tomen las empresas privadas. Invitamos a los trabajadores informales a fortalecer la unidad, la organización y los procesos de movilización en defensa del derecho al trabajo y a una vida digna.
Los vendedores informales vamos al paro nacional del 21 de octubre
¡LOS VENDEDORES INFORMALES VAMOS AL PARO NACIONAL
DEL 21 DE OCTUBRE!
Desde la Unión General de Trabajadores Independientes y de la Economía Informal UGTI-CUT llamamos a vendedores ambulantes y trabajadores informales en general a participar del Paro Nacional convocado por el Comité Nacional de Paro para el próximo 21 de octubre de 2020.
Duque nunca respondió con suficiencia para que los sectores vulnerables pudieran resguardase de la pandemia en sus casas, en el caso de los vendedores informales fue imperiosa la necesidad de continuar en las calles rebuscando el día a día. Cobra entonces
autentica legitimidad la renta básica exigida por el Comité Nacional de Paro en el Pliego de Emergencia.
Adicionalmente el gobierno nacional presenta el decreto 1174 legalizando el trabajo por horas, con el engañoso mensaje de incluir en los “pisos de protección social” para que trabajadores que ganan menos del salario mínimo puedan cotizar, cuando es solo un ahorro programado sin aporte del Estado, pero que si le permite extender la condición de informalidad toda la población laboral, que serán contratados de acuerdo a la necesidad del
empresario en termino de tiempo medido en horas, significara más gente en el rebusque complementando miserables ingresos y aumentara la presencia en el espacio público de vendedores ambulantes, baja en los ingresos ya disminuidos por el empobrecimiento que se sufre por la pandemia y las medidas de emergencia. Razón de más por la que los vendedores deben oponerse a las iniciativas del gobierno que precaricen los derechos laborales del conjunto de trabajadores. Para completar el cuadro de infamias de los gobiernos, en el caso de Bogotá la alcaldesa Claudia López, inicia la privatización del espacio público mediante el cobro por su uso y el establecimiento de horarios a la actividad de la venta ambulante.
Finalmente es necesario unirnos al clamor de los colombianos que piden el cese de masacres, los asesinatos a líderes sociales y los abusos policiales y del ESMAD. Debe existir garantía de derechos para que quienes reclaman y encabezan las luchas del pueblo colombiano puedan hacerlo con tranquilidad.
Hoy, de cara a la pandemia del COVID19, la crisis económica, la arremetida del gobierno contra los trabajadores, el autoritarismo y antidemocracia de Duque; es necesario que se manifieste la indignación en las calles de Colombia.
Por vida, democracia, paz y la negociación del pliego de
emergencia.
¡Paro nacional el 21 de octubre!
GUILLERMO GIRALDO OMAR PUERTO
Presidente Secretario General https://cut.org.co/los-vendedores-informales-vamos-al-paro-nacional-del-21-de-octubre/
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