#Colómbia Las contradicciones del impulso a la #economíapopular y la lucha contra la #informalidad.

Según cifras del Dane, en Colombia hay 12,8 millones de trabajadores informales.

Mientras el presidente Petro busca apoyar a las personas que viven del rebusque, sus discursos y políticas parecen chocar con acciones para reducir la informalidad, y con las propias definiciones que ha trazado el Gobierno sobre la economía popular.

La economía popular es un concepto que se ha convertido en el corazón de las políticas del gobierno de Gustavo Petro. Dentro de su Plan Nacional de Desarrollo quedó definida como los oficios y ocupaciones mercantiles y no mercantiles (domésticas o comunitarias) desarrolladas por unidades económicas de baja escala, como personas, familias, micronegocios o microempresas, en cualquier sector económico.

Desde el inicio de su mandato, Petro ha sido enfático en impulsar y apoyar la economía popular, que desde el principio se relacionó a la informalidad y el rebusque. Sin embargo, algunas de las políticas que se han ido estructurando en su administración, y también el discurso en torno a ellas, generan dudas en relación con si hay una contradicción entre dar atención a esa economía popular y dar soluciones a la informalidad.

Juan Miguel Gallego, subdirector general de Prospectiva y Desarrollo Nacional del Departamento Nacional de Planeación (DNP), asegura que la economía popular “es un concepto multidimensional que abarca más de la visión binaria de lo formal e informal, y permite entender mejor la distribución del tejido empresarial en Colombia”.

Gallego sostiene que la economía popular no es igual a informalidad, y que tampoco es sinónimo de improductividad o subsistencia. Y también explica que el concepto se diferencia, por ejemplo, de la idea de micronegocios, en que habilita las asociaciones comunitarias, y reconoce un capital de relacionamiento social mucho más fuerte.

“El error de la política pública es buscar la formalización per se. Y hay varias definiciones de formalización. Si llevamos a que todo sea formalizado podemos destruir iniciativas privadas que pueden ser altamente productivas y que aún no están a la escala de ser formales, de pagar impuestos. El objetivo de la política pública es mejorar la productividad y aumentar la capacidad de mejorar ingresos de estas unidades productivas”, asegura Gallego.

¿Qué busca el Gobierno con la economía popular?

Entre las primeras medidas que decidió impulsar el Gobierno está la creación de un Sistema de Información Estadístico para la Economía Popular, el Siep, en el cual viene trabajando el Dane desde mayo. El objetivo de este implica contar con datos y mediciones que faciliten la focalización de políticas públicas del Gobierno.

Entre las banderas que viene impulsando Petro está también darle financiamiento a la economía popular. Para ello ha propuesto que la banca pública, por medio del Banco Agrario y Bancoldex, otorgue créditos de manera más flexible a estos grupos: a menores tasas o tasas subsidiadas y en un volumen mayor de préstamos.

El pasado 6 de septiembre, en la Cumbre Mundial de Bancos que sesionó en Cartagena, el primer mandatario aseguró que “el reto es financiar la economía popular, que es la que garantiza el 80 por ciento de los puestos de trabajo”, pero que no se rige por las condiciones laborales formales.

El presidente Petro aseguró que, si se financia en grande, y no marginalmente, “podríamos tener uno de los instrumentos más importantes en la lucha contra la pobreza”, y cuestionó cómo lo que se ha buscado “es cómo disminuir la economía informal para inflar la economía formal”.

“Nosotros cambiamos esa idea: al fluir el apoyo del Estado, esa economía informal, que nosotros llamamos economía popular, podría ser la gran dinamizadora de la sociedad, de la economía colombiana para convertirla en instrumento fundamental de la superación de la pobreza”, dijo Petro en su momento.

En varias intervenciones recientes el presidente ha hablado de este concepto. También ha hecho referencia a que las palabras reflejan relaciones de poder. “Por eso nosotros dejamos de hablar de informales. La gente no se divide entre formales e informales. La gente es trabajadora. Punto”, dijo también el mandatario a finales de agosto, cuando lanzó “Full Popular”, un nuevo programa del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) que capacita y entrega recursos para crear y fortalecer pequeños negocios “populares”.

En ese sentido, el plan del mandatario es que el Sena se articule para “empoderar” a la economía popular y vincular a ella, y a las asociaciones comunitarias, el conocimiento tecnológico de la entidad.

Además de financiamiento y conocimiento, el Gobierno tiene otros planes para fortalecer a la economía popular. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo, que es la hoja de ruta para estos cuatro años de gobierno, se aprobó entre otras cosas la participación en contratación y compras públicas, por medio de la figura de Asociaciones Público Populares, alianzas entre entidades del Estado y personas naturales u ONG de la economía popular.

Las políticas en torno a la economía popular se están planteando desde diferentes entidades del Gobierno. Desde la Dian, por ejemplo, se está avanzando en una amplia estrategia contra la evasión. Como explicó a CAMBIO su director, Luis Carlos Reyes, el foco de esta estrategia no son los informales, sino los grandes evasores.

“El gran reto de la evasión no está en ir a formalizar un mundo de negocios pequeños, sino de ir detrás de grandes evasores. A veces se tiende a mezclar, y decir que hay mucha evasión porque hay mucha informalidad. En un país donde tantos trabajadores son responsables, no hay plata en ir detrás de un pequeño negocio, de una persona que vende dulces o un negocio muy pequeño, que incluso, si fuera 100 por ciento formal, no estaría sujeto a impuestos”, comentó el funcionario.

¿Por qué hay una contradicción?

Dentro de todas estas propuestas y planes que tiene el Gobierno no es claro si se tiene también una meta para fomentar la formalización de los trabajadores, de modo que tengan acceso y cobertura en materia de seguridad social.

Indicadores de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) muestran que, para junio de 2023, se registraban en el país 12,2 millones de cotizantes a salud y 10,9 millones de cotizantes a pensión, cuando la cifra de trabajadores, u ocupados, en el país ronda los 22 millones de personas.

“El discurso del presidente puede ser interpretado de varias maneras. Algunas afirmaciones podrían llevar a pensar a que no desearía que se siguiera haciendo a futuro una diferencia, por lo menos en el lenguaje, entre trabajadores formales e informales. Pero si no se hace esa diferencia, lo que podría pasar es que se oculten los problemas de la informalidad, cuando lo que se requiere es visibilizar el problema como primer paso para darle una solución”, comenta Alejandro Useche, profesor asociado de la Universidad del Rosario.

El académico indica que, incluso, se podría profundizar la problemática, y por ello sugiere mirar en detalle las propuestas del Gobierno para el manejo de la economía popular. “Si bien el espíritu es muy adecuado, hay que revisar qué tan viables son en la práctica, y cuál va a ser su repercusión efectiva sobre la calidad de vida de las personas”, dice.

Entre los aspectos positivos que destaca Useche está el hecho de dar atención a la informalidad como tal, y que esto es aspecto fundamental para reducir la inequidad y luchar contra la pobreza. El experto también ve positivo el permitir que los pequeños empresarios puedan acceder al crédito bajo parámetros más flexibles a los que ofrece el sistema financiero, y la idea de trabajar en la formación del talento humano. Sin embargo, reconoce que todo esto tiene un costo económico muy alto.

“Es fundamental que el discurso venga acompañado de un presupuesto real, pero no solo para iniciar estos proyectos, sino para que sean sostenibles en el tiempo. Tener políticas y programas alrededor de lo que se haya llamado economía popular es positivo, pero la pregunta es si esto es posible y sostenible a lo largo del tiempo”, dijo.

De otro lado, Roberto Angulo, fundador de Inclusión, firma dedicada a estudios para el desarrollo, considera que más que contradicciones en torno a la economía popular, en realidad lo que se encuentra es una confusión en la definición.

Como explica el economista, el Gobierno tiene dos enfoques de economía popular. “Está el enfoque del Plan de Desarrollo, de Planeación Nacional, que define a la economía popular como unidades productivas de baja escala, pero no importa si son formales o informales”, comenta Angulo. Esta definición no está direccionada solo a propietarios pobres, sino que incluye tanto a propietarios formales como informales.

Pero, dice el experto, hay otro enfoque desde el mismo Gobierno. “Cuando uno oye al presidente, o al Ministerio de Comercio, hablan más de los excluidos e informales, no solo focaliza a las unidades productivas de baja escala, sino a los informales y excluidos. Y además, el Gobierno a veces considera que lo popular es distinto a lo privado, y tiende a desligarlos conceptualmente”, asegura Angulo, quien destaca que lo privado también es importante para robustecer el tejido productivo popular.

Para el economista, lo contradictorio está en el discurso y por ello se crea una confusión, y dice que todavía no es clara la estrategia del Gobierno, porque no necesariamente coinciden las definiciones y la manera en que se aborda la economía popular dentro del Gobierno.

fuente: https://cambiocolombia.com/economia/las-contradicciones-del-impulso-la-economia-popular-y-la-lucha-contra-la-informalidad?fbclid=IwAR3p-JVf06ES3kRpg15iimuOrV2BjTsA6WXCRLrxzXOWTKKLmX-TSCFERUc

#Cali: PROPOSITOS DE LOS VENDEDORES INFORMALES PARA EL 2022

- Fortalecimiento de las organizaciones sindicales y asociaciones de trabajadores informales.

- Fortalecimiento de la capacidad de lucha del gremio, aumentado la movilización y la participación activa en los procesos nacionales y regionales.

- empoderamiento del vendedor con su causa que le permita reconocer debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas.

- que el trabajador informal tenga un mayor conocimiento del modelo económico para que no se deje engañar con falsas promesas de proyectos o ayudas que nunca van a llegar

FELIZ 2022

son los deseos de ASOVAES - UGTI Valle

 

@jlopezbo #parati #Familia #propositos2022 #Colombia #vendedoresambulantes ♬ sonido original - Javier lopez botero

#Colombia: Vulnerabilidad económica de la población trabajadora informal

 

 

Por: Javier López Botero Presidente UGTI Valle 

 

Uno de los principales objetivos de las tecnocracias neoliberales es la privatización  total o parcial del espacio público a través de procesos de licitación, contratación directa o indirecta, con estas privatizaciones se pretenden el recaudo de dineros para el estado  provenientes de grandes cadenas de comercio, multinacionales, restaurantes de alto impacto, discotecas, bares, empresa constructoras, etc., dineros que en todo caso no  van a apalancar proyectos  sociales o de desarrollo económico sino el fortalecimiento de la corrupción.

Pero para logar dicha privatización requieren primero del desalojo de los trabajadores informales cientos, miles que tienen en el espacio público su única o más importante fuente de ingresos, para ello ha recurrido al uso de la fuerza, a través de desalojos y con ello la violación de derechos sociales y económicos de estos trabajadores, sin embargo con el  rechazo de la  mayoría de los colombianos a estas políticas represivas el gobierno nacional y los gobiernos  locales recurren a la presentación de falsas políticas públicas de vendedores que en ningún momento buscan mejorar las condiciones de vida de estos trabajadores, sino que mediante retoricas plantean la “recuperación”  del espacio público para “mejorar” estas condiciones de vida, pero nuevamente queda en evidencia  el único interés de sacar al vendedor para poder proceder a la tan anhelada privatización.

Frente a todo esto solo queda atacar la vulnerabilidad económica del vendedor, demostrar que esa persona que trabaja en el espacio público ya no es vulnerable económicamente y por ello ya no requiere de ese sitio en el que ha laborado por muchos años ganándose la confianza legítima, para ello recurre a la caracterización, estudio socioeconómico utilizando para ello criterios de evaluación de vulnerabilidad expuestos por  el Departamento Nacional de Planeación, cuyos criterios son los mismos de las encuestas del SISBEN que se realizan para determinar el puntaje  de una persona y saber en qué grupo queda ( a,b,c,d y sus subgrupos).

Y si el vendedor es vulnerable, la solución es ofrecerle cursos de emprendimiento y capacitaciones que la misma Corte Constitucional ha calificado en su sentencia T-067 de 2017 como “una solución parcial, totalizante y que desconoce el derecho fundamental del que son titulares los vendedores informales para construir sus propios estándares de vida”. El derecho constitucional de los trabajadores informales no consiste en que se les trasforme en trabajadores formales, sino en tener un trabajo decente que les permita vivir en condiciones dignas.

En ese mismo orden de ideas la sentencia T 090 de 2020 la Corte Constitucional ratifica su preocupación frente a la pérdida de derechos y la extrema condición de vulnerabilidad económica de los vendedores, frente a una revisión de una tutela interpuesta por una vendedora de Medellín, se pone especial énfasis en reconocer la vulnerabilidad de dicha vendedora a la que la alcaldía de esa ciudad ha negado su derecho a ser reconocida como vendedora pese a  haber aceptado una reubicación temporal por unas obras ejecutadas en  el sector donde  la señora laboraba.

Extraemos a continuación algunas de las apreciaciones más importantes desplegadas en la sentencia final.

SENTENCIA T-090 DE 2020, PROTECCION ESPECIAL DE LAS PERSONAS QUE SE DEDICAN A LAS VENTAS AMBULANTES DEBIDO A SU SITUACION DE VULNERABLILIDAD

 

Planteamiento del caso y problema jurídico.

 

Como en otras sentencias de la corte, se debate la responsabilidad del estado con relación al espacio público, ffrente a la Especial protección constitucional otorgada a los vendedores informales

No obstante, la relevancia y justificación de velar por el espacio público, el deber del Estado en algunas ocasiones entra en tensión con otras prerrogativas de rango constitucional, entre ellas, el artículo 25 que consagra la protección al derecho al trabajo y el artículo 26 que establece la libertad de profesión u oficio. Por ejemplo, cuando quienes se dedican al comercio informal en dicho entorno resultan afectados con las medidas de recuperación del espacio público

La Corte ha expresado que el sector informal es aquel en el que no opera una relación salarial, ni se garantiza la estabilidad laboral al no contar con la protección propia de la seguridad social, en cambio, es un ámbito en el cual priman las cualidades individuales, donde las oportunidades son inciertas, los ingresos fluctuantes y se presenta una alta movilidad social.

Estas características no han pasado desapercibidas para este Tribunal que, atendiendo las condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentran la mayoría de los vendedores informales -quienes se han visto impulsados a estas actividades debido a la falta de oportunidades académicas o laborales, sumado a la escasez de recursos económicos-, ha determinado que requieren una mayor protección por parte del Estado de acuerdo con la cláusula de igualdad material contenida en el artículo 13 superior, la cual impone al Estado promover condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar medidas afirmativas a favor de grupos discriminados o marginados. Por ello han sido considerados sujetos de especial protección

Esta Corporación recientemente sostuvo que la protección de los derechos de los trabajadores informales no se limita a su reubicación en otro lugar donde pueda ser nuevamente objeto de desalojo, por el contrario, el Estado asume la cargar de localizarlo en un sitio que le permita el desarrollo de su actividad en similares condiciones, Igualmente, la jurisprudencia constitucional ha precisado que las políticas públicas que en materia de espacio público adelante la administración además de procurar la reubicación de los trabajadores informales también pueden ofrecer programas que conduzcan a la vinculación laboral en condiciones dignas.

En conclusión, el deber del Estado de velar por el espacio pùblico no es justificación para que afecte de forma desproporcionada o abusiva los derechos de los vendodores informales, quienes son sujetos de especial protección constitucional dadas las circunstancias de debilidad o desprotección en las que se encuentran. Por lo cual, ante los conflictos que puedan presentarse, la Corte ha indicado que la administración debe procurar por desarrollar políticas públicas que ofrezcan alternaticas económicas adecuadas a quienes resulten afectados en los procesos de recuperación del espacio público.

 

DEBIDO PROCESO

 

La Constitución Política consagra en el artículo 29 el derecho al debido proceso, estableciendo que su aplicación tendrá lugar en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Esta prerrogativa está orientada a garantizar que la función pública se encauce en la materialización de los fines del Estado, entre ellos, velar por la efectividad de los principios, derechos y deberes y la vigencia de un orden justo.

EXTREMA CONDICION DE VULNERABILIDAD DE VENDEDORA INFORMAL

 Al efecto, recuérdese que los ingresos mensuales de la actora no superan el salario mínimo, no recibe ningún apoyo económico por parte de sus familiares ni cuenta con una fuente de ingreso distinta a la producida por sus ventas informales. Así mismo, no está cubierta por el sistema de seguridad social, se encuentra afiliada al régimen subsidiado de salud, por lo cual ante un decaimiento en la salud o una situación incapacitante no tendría derecho a los auxilios económicos que permiten contrarrestar los efectos de no poder trabajar

DERECHO FUNDAMENTAL AL TRABAJO

Por otro lado, la determinación de la administración también transgredió el derecho fundamental al trabajo de la actora, lo cual, de suyo, afectó su prerrogativa al mínimo vital, teniendo en cuenta que los ingresos que permiten su subsistencia se derivan del producto de las ventas informales que a diario lleva cabo. En relación con la transgresión al mínimo vital, debe recordarse que la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la protección de la legislación comercial en el ámbito del derecho privado, aplicable a las empresas y comerciantes, se extiende “de manera análoga a los vendedores informales, pues estos también ‘desarrollan clientelas, acreditan sus servicios y productos y establecen dinámicas comerciales equivalentes a las de las empresas que atienden al público’

Vulnerabilidad económica

Según fue señalado por la accionada, el criterio de vulnerabilidad consiste, esencialmente, en “la carencia de recursos y oportunidades que permiten suplir las necesidades básicas insatisfechas de las personas”

En conclusión, al hallar vulnerados los derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital y debido proceso administrativo de la accionante, la Sala revocará el fallo de segunda instancia y, en su lugar, concederá el amparo constitucional.

 

 

LA DECLARACION EXTRAJUICIO COMO PRUEBA PROCESAL

 

 

La corte considera valida la declaración extrajucio como prueba documental, en este caso para demostrar estancia temporal de la actora en bello y su residencia permanente en Medellín.

 

CONCLUSIONES

 

¿Cómo se mide en Colombia si un hogar es pobre o vulnerable?

 

La metodología mide los ingresos totales mensuales de un hogar en relación con el número de integrantes que lo componen. Por ejemplo, un hogar que está compuesto por cuatro personas es clasificado como pobre (pobreza monetaria) si su ingreso total mensual está por debajo de $1.310.696, y como indigente (pobreza monetaria extrema) si es inferior a $549.400. Entonces, la línea de pobreza es superior a 1 salario mínimo mensual vigente (smmv), que actualmente es de $908.526.

 

Como lo que pretende atacar el gobierno neoliberal de Jorge Iván Ospina en relación con los trabajadores informales de Cali es el grado de vulnerabilidad económica de estos trabajadores y sus familias a través del estudio socioeconómico (caracterización), es muy importante que cada vendedor tenga en claro cuál es su ingreso mensual, cuanto de este ingreso corresponde al puesto o venta informal, así como tener en claro los gastos familiares, personas a cargo, si son adultos mayores, personas en condición de discapacidad, menores de edad, si el grupo familiar lo encabeza el padre o madre cabeza de familia, etc.

 

En todo caso debemos defender no solo la vulnerabilidad económica del vendedor y su familia sino también el peligro de caer en vulnerabilidad si se le quita su única fuente de empleo, es decir al no percibir esta persona el único ingreso que venía percibiendo producto de la venta en su sitio de trabajo (Pobreza multidimensional, falta de empleo o desempleo de larga duración).

 

En Asovaes- UGTI Valle estamos comprometidos con ello y requerimos del compromiso de todos y cada uno de los compañeros.

La pandemia tiene al 50% de trabajadores informales de #Cali sin empleo

 

La pandemia tiene al 50% de trabajadores informales de Cali sin empleo

Una reciente encuesta reveló que al menos el 50 % de los trabajadores informales de Cali tienen un miembro de su familia, incluyéndose, que ha perdido su empleo en los últimos seis meses.

Esta es una de las cifras más preocupantes de la encuesta ‘Empleo e ingresos de una ciudad informal en la post-pandemia’, realizada por el Observatorio de Políticas Públicas, Polis, de la Universidad Icesi a más de 1000 personas entre noviembre del 2020 y enero del 2021.

Si bien esto no es una encuesta representativa, los resultados muestran una clara tendencia del golpe económico sufrido por los caleños.

Así, el 67% de los informales y 39% de los formales afirmaron que sus ganancias se han reducido producto de la pandemia.

empleo

Dado el golpe económico sufrido a los vendedores ambulantes en la ciudad, que son más de 30.000, el gremio ha solicitado una renta básica mientras se reactiva la economía. Foto: Jorge Orozco

El estudio también pone en evidencia las condiciones laborales previas a la epidemia para entender qué tan preparados estaban los caleños. Mientras el 30 % de los informales percibían menos de un salario mínimo mensual legal vigente, esto ocurría apenas con el 8 % de los formales.

Además, apenas el 31 % de los informales consideran que sus ingresos son buenos (alcanzan para cubrir necesidades básicas y ahorrar) frente al 59 % de los trabajadores formales consultados.

Por otra parte, el 29% y el 46% de los trabajadores informales y formales, respectivamente, afirmó tener ahorros suficientes para vivir al menos tres meses en caso de desempleo, advierte Polis.

“En Cali hay alrededor de 265.000 personas desempleadas. Esto lleva a preguntarse hasta qué punto esta línea estratégica se adapta a la estructura productiva de la ciudad para lograr una recuperación económica sostenida en el largo plazo”, afirma el documento.

Se perdió mucho y se recuperó poco

Y si se revisa el balance que la Asociación Nacional de Instituciones Financieras hizo entre marzo y noviembre del 2020, el panorama tampoco es alentador. Las familias caleñas dejaron de percibir ingresos laborales por alrededor de $2.36 billones en ese periodo de tiempo.

Para Edwin Maldonado, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, Ciev, esta situación debió de haberse agravado a finales de diciembre e inicios de enero.

“Tras los toques de queda continuos que afectaron tanto la actividad de empresas como el empleo de muchas personas, pues no hubo el consumo necesario para tener una actividad sostenida”.

Es por eso que en días pasados el Ciev envió unas propuestas a la Alcaldía para trabajar en pos de la reactivación. Lo anterior busca una mayor coordinación con el gremio empresarial a la hora de tomar medidas restrictivas como la más urgente.

Y debido a las afectaciones en el flujo de caja, el gremio ha afirmado que no cuenta con recursos suficientes para cancelar las obligaciones tributarias. Esto, dado a que ha decidido enfocar los esfuerzos en el pago de los salarios del recurso humano.

“Lo que pedimos es un aplazamiento del calendario tributario de impuestos, generar un sistema de pago por cuotas, descuentos en el pago de los servicios y disminuciones en el Impuesto Predial y de Industria y Comercio según la afectación de cada empresa”, afirmó Maldonado.

Esto dice la Administración Municipal

Frente a este panorama, María Fernanda Santa, secretaria de Desarrollo Económico de Cali, aseguró que ya se está estructurando el fondo de reactivación por $30.000 millones.

"Un proceso que estamos adelantando con nuestra jurídica interna y un comité para darle todos los detalles necesarios con el fin de presentarlo al Concejo en el mes de marzo como un proyecto de acuerdo”, explicó.

La funcionaria señaló que la ayuda busca llegar a los más afectados económicamente por la pandemia. Así, piensan impactar a grupos poblacionales como los jóvenes, pero también a los emprendimientos y microempresarios que necesiten de forma urgente “ese piso de liquidez”.

Santa además comentó que se han realizado talleres de reactivación, en donde, con diferentes representantes de gremios empresariales, se hace la estructuración del fondo.

“¿Cuál es nuestra meta? Que en tres semanas esté consolidado el plan de reactivación de la ciudad. Que para este año recuperemos los 197.000 empleos que se perdieron producto de la pandemia. Además, que esto se sostenga en el tiempo, pero que también fomentemos ese mismo crecimiento”, destacó.

Es por eso que el pasado viernes 13 de febrero se instaló la Mesa de Reactivación. Con esta se han realizado talleres como los de la construcción de vivienda, uno de los sectores que más le aporta a la economía caleña.

También se planea realizar uno con la Secretaría de Salud para evitar el tercer pico y, por ende, la afectación económica que trae consigo.

“Los informales también hacen parte de nuestro objetivo para recuperar empleos. Por eso vamos a reunirnos con sectores como el de los tenderos. Vamos a formalizar a todas las empresas que no se alcanzaron a registrar en la Cámara de Comercio”, afirmó la Secretaria

fuente: https://www.qhubocali.com/asi-paso/la-pandemia-tiene-al-50-de-trabajadores-informales-de-cali-sin-empleo/?utm_source=facebook&utm_medium=Social&utm_campaign=ampliar-noticia

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA: ¡Alcalde Ospina contra los vendedores ambulantes de #Cali!

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

¡Alcalde Ospina contra los vendedores ambulantes de Cali!

Las calles no se llenan de vendedores ambulantes por falta de cultura ciudadana, es por el desempleo que produce la destrucción de la producción nacional. Más fuentes de empleo estable y bien remunerado, luego sí hablamos.

En medio de la incertidumbre por el anuncio de Duque de una reforma laboral y pensional impuesta por la OCDE, el Alcalde Jorge Iván Ospina propone un nuevo proceso de “recuperación del espacio público” utilizado por vendedores ambulantes para sobrevivir, amparándose, entre otras, en las falsas ilusiones de la mal llamada “Ley de la empanada”. Una situación que pone en vilo la subsistencia de miles de familias, en  una ciudad con alto desempleo (11%), informalidad (44%) y destrucción del empleo formal.
El alcalde presenta la medida basada en un diagnostico amañado del fenómeno de la informalidad y, por lo tanto, sin brindar una alternativa real y efectiva al problema. Además, tomando como base los fundamentos del fallido e inconsistente proceso que intentó Armitage, que ni siquiera logró realizar una caracterización técnica del fenómeno de informalidad en Cali. Por eso, la Asociación de Vendedores Ambulantes de Cali (Asovaes) y la UGTI, con todo respeto y consideración, se permite expresarle al Alcalde y a la opinión pública lo siguiente:
La ocupación del espacio público por parte de vendedores ambulantes y trabajadores informales es un fenómeno social y eminentemente económico. No es por falta de cultura ciudadana que una persona termina subsistiendo de las ventas callejeras.
La informalidad es hija del desempleo que produce la política de importar lo que los empresarios y trabajadores colombianos saben producir. Arruinan miles de empresas, producen miles de desempleados y luego no los quieren en la calle.
Un vendedor ambulante es una persona que perdió su lugar, o no encuentra empleo, en los diferentes renglones de la economía agropecuaria, industrial, comercial y de los servicios. Esta es la historia de miles de caleños.
En las actuales circunstancias de la economía nacional, caracterizada por el desempleo, la informalidad y la precariedad laboral, privilegiar el valor estético del espacio público representa una vulneración del derecho al trabajo y la subsistencia de miles de familias. En este caso, de familias caleñas.
El deseo cada vez mayor de recuperar el espacio público no busca preservarlo como patrimonio de la comunidad, sino entregárselo a operadores privados con poder económico y financiero, amparados en normas como la Ley 1077 de 2015 y la mal llamada Ley empanada (1988 de 2019). En estas leyes está la trampa contra los vendedores ambulantes y legalizan la privatización del espacio público en beneficio de una minoría.
La medida efectiva para tratar el fenómeno de las ventas ambulantes, sin dejar a miles de familias en la miseria, es fortalecer la producción y el trabajo nacional, agropecuario e industrial, principalmente. De lo contrario no habrá medida, de cultura ciudadana o de policía, que valga.
El diálogo y la concertación que propone el Alcalde no puede significar el hambre de los vendedores ambulantes para asegurar las ganancias de poderosos operadores privados con el espacio público.
En consideración a lo anterior, la UGTI rechaza el anuncio del Alcalde Jorge Iván Ospina pues no ha presentado un plan real de recuperación y generación de empleos formales y estables, además de pretender la incorporación de un cuerpo de policías cívicos a cumplir la actividad de policía. Esto es tomar a desempleados y ocuparlos en el ejercicio de vulnerar los derechos de miles de familias.
La UGTI convoca a los vendedores ambulantes a la movilización del próximo jueves 21 de febrero. En defensa del derecho al trabajo, a una vida digna, del espacio público como patrimonio de la comunidad y en contra del paquetazo de Duque.
Por el derecho a la subsistencia de los vendedores ambulantes: organización y movilización ciudadana.


Javier López Botero                                    César Collazos Rico                                Gustavo Vargas
Presidente UGTI                                            Secretario UGTI                     Presidente Asovaes Cali

Asociación de Vendedores Ambulantes, Estaciones y Semi-estacionarios de Cali - ASOVAES.
Santiago de Cali, febrero 14 de 2020.

#Colombia: avanza visión excluyente del espacio publico sin vendedores informales

Para el vicepresidente de la asociacion de vendedores ambulantes, Asovaes- UGTI javier lopez con la firma del decreto de la defensoria del espacio publico de Bogota, #Dadep se pretende desconocer la existencia de los vendedores ambulantes al excluirlos de la ocupación del espacio publico. “Es una visión excluyente a espaldas del pueblo”, así calificó la concejal Xinia Navarro del Polo Democrático Alternativo la política de la administración distrital frente a los vendedores informales, realizado el debate de control político en el que se conoció un decreto de la Defensoría del Espacio Público, Dadep, el cual excluye a quienes derivan su sustento de las ventas que logran en las calles de Bogotá. “La defensoría del espacio público, Dadep, emitió un decreto que reemplazó el que estaba de aprovechamiento del espacio público de 2013, el cual excluyó totalmente a los vendedores informales de acceder al espacio público de una manera organizada, es un decreto que vulnera a todas luces a los vendedores informales. Tenemos el acta en la cual se dice que se debe excluir de manera total a los vendedores informales emanada de un Comité Intersectorial que se hizo sobre este tema,”, aseguró Navarro. Para la cabildante es un decreto vulneratorio que anticipa demandará ante la justicia contenciosa administrativa y además viene acompañado de otro decreto, también por parte del Dadep, que pretende reglamentar el artículo 140 del Código de Policía en donde va a prohibir de forma concreta las ventas informales en Bogotá. “Hay una falta total y absoluta de política pública del distrito frente a los vendedores informales. Se emite un decreto para reglamentar el uso que además excluye las Zonas de Aprovechamiento Económico Reguladas Temporales, ZAERT, a las cuales ellos podían acceder. Eso es una clara visión elitista de la Administración de excluir a los vendedores informales de un derecho fundamental que es el derecho al trabajo”, cuestionó la concejal. Pago al estado Ante este panorama propuso Navarro Prada que “una participación incluyente del espacio público no debe ser solo para las grandes empresas, también los vendedores informales podrían tener acceso de manera organizada pagando un tributo al estado”, explicó la concejal. La vicepresidenta del concejal en todo caso advierte situaciones muy complejas para los vendedores dado el talante que hasta el momento ha demostrado la Administración sin que se trabaje por una política pública para los vendedores informales. “El panorama es de exclusión, de persecución con bolillo, sin alternativas reales, el Instituto para la economía social, Ipes, es una entidad insuficiente producto de que no se le dan las herramientas ni el presupuesto y pues realmente el cuestionamiento es general para la Administración y si se quiere a la nación, pero el Distrito Capital es el que debe asumir la recuperación no solo a sangre y fuego sino mediante una política pública”, aseguró. La concejal Xinia Navarro anticipa que seguirá acompañando a los vendedores informales en la interlocución con las entidades del distrito. Precisamente para este martes tiene prevista una audiencia muy importante en la localidad de Kennedy con cerca de 250 vendedores informales de la zona aledaña a Plaza de las Américas. Además, volverá a radicar un proyecto de acuerdo para que se adelante un censo de vendedores informales el cual tuvo concepto negativo de la Administración en las pasadas sesiones ordinarias de noviembre.