Aportes al documento para entregar al gobierno de Gustavo Petro.
Por Javier López Botero
Presidente UGTI Valle
Secretario general de Asovaes Cali
¿Qué es la privatizacion del espacio
público?
Se considera como privatizacion del espacio
público la entrega parcial de este a través del cobro para su uso por aprovechamiento económico mediante
procesos de licitación pública o contratación directa a comerciantes e
inversores que cuente con capacidad económica para pagar por el E.P. a precios
que ningún vendedor informal ( ambulante, estacionario, semiestacionario o de
otro tipo) lo puede hacer, con esto la
mayoría de estos trabajadores informales
pierden asi su única fuente de empleo
ya que solo podrán trabajar en el
E.P. quienes puedan pagar.
Según (Paisaje Trasversal) se entiende por privatización
como el proceso mediante el cual se establecen las condiciones que restringen
el acceso libre a un bien común. La sobreexplotación del espacio público para
el beneficio de empresas establece un modelo urbano consumista y poco
recomendable para la ciudadanía.
Se requiere por lo tanto renunciar a
cualquier política de privatización de espacio público (aprovechamiento
económico) y por ende de desalojo total o parcial de los vendedores informales
en Colombia.
Se
debe reconocer que el alto nivel de desempleo, informalidad, crecimiento de la pobreza,
no permiten aplicar políticas de privatización de espacio público y menos de
desalojo de los vendedores.
Algunos acuerdos
municipales como el 0424 de 2017 de Cali o la misma ley 1988 de 2019 conocida
como ley empanada o mal llamada política pública de vendedores no buscan
mejorar las condiciones economicas y sociales de los vendedores informales sino
legitimar políticas neoliberales de privatizacion de espacio público.
Se emplean entonces algunos mecanismos o
herramientas para saber la vulnerabilidad económica del vendedor informal a
través de estudios socioeconómicos que determinan si este trabajador puede o no
continuar en el espacio público incluyéndolos en procesos de reubicación
temporal o formalización según el caso particular de cada vendedor, la
herramienta para determinar la vulnerabilidad o no de este trabajador es la
misma que se usa en las encuestas del SISBEN y es la entregada por Planeación
Nacional, la “evaluación de vulnerabilidad” y que aplicada al conjunto de la
poblacion lo que ha logrado es que muchas personas ya no sea consideradas
vulnerables a pesar de serlo en su condicion económica y vean por ello reducida
sus posibilidades de acceder a programas del gobierno en diversas áreas como
salud o educación, ese mismo método aplicado a los vendedores informales
permite a los gobiernos municipales decidir si un vendedor es o no vulnerable
económicamente a pesar de serlo y si debe o no continuar en el espacio público
o someterse a procesos de formalización o emprendimiento que como bien lo
expresa la Corte Constitucional en su sentencia T 067 de 2017, “Una solución que radique
simplemente en otorgar un cheque como préstamo para poner al vendedor reubicado a participar
de un programa de emprendimiento, es una solución parcial, totalizante y que
desconoce el derecho fundamental del que son titulares los vendedores informales para construir sus propios estándares de vida, el derecho constitucional de los
trabajadores informales no consiste en
que se les trasforme en trabajadores formales, sino en tener un trabajo
decente que les permita vivir en condiciones
dignas”.
Sumado a lo anterior hay
que tener en cuenta que el 70 % de los emprendimientos o pymes fracasan en los
5 primeros años
LOS VENDEDORES INFORMALES SI SOMOS UNA
POBLACIÓN VULNERABLE ECONÓMICAMENTE O EN PELIGRO DE VULNERABILIDAD
Una población vulnerable
o en peligro de vulnerabilidad es aquella que se encuentra en desventaja por su
condición económica y social.
La Corte Constitucional
ha señalado que por el solo hecho de que una persona esté en la venta informal
sin un salario fijo, ni prestaciones sociales o seguridad social es ya una
persona en condicion de vulnerabilidad económica.
La persecución que ha recibido los
vendedores informales en distintas ciudades del país y el impedimento por medio
de restricciones que ha limitado nuestros derechos otorgado por las diferentes
sentencias de la Corte Constitucional como: la Sentencia C- 211 DE 2017, el
Derecho al Mínimo Vital (Sentencia T678/17; Sentencia T716/17), confianza
legítima, (T-067 de 2017), el Derecho al Trabajo consagrado por el Artículo 25
de la Constitución Política de Colombia entre otros también prueba su condicion
de vulnerabilidad y trato desigual frente a otros grupos económicos o de
trabajadores.
En nuestra
nación hemos sido testigos del incremento descomunal de los índices del
desempleo y la falta de oportunidades para jóvenes sin experiencia laboral y
personas adultas, que ven como forma de sobrevivir el llamado “rebusque” que
permita solventar una de sus tantas necesidades básicas y fundamentales. Los
índices preocupantes, donde la población trabajadora es del 60 % a nivel
nacional evidencia que no somos una minoría, sino que somos casi la mitad de la
población trabajadora que refleja las condiciones de desigualdad y
vulnerabilidad en materia laboral en nuestro país que por constitución
deberíamos de ser protegidos por el estado, pero vemos los atropellos que
cometen en nuestra contra.
Sumado a lo
anterior se nos niega ayudas económicas y una Renta Básica, así como la
exclusión de muchos de nuestros compañeros y compañeras del Sistema de
Identificación de Potenciales Beneficiados de Programas Sociales (SISBÉN).
los vendedores
ambulantes cuentan con amplias sentencias de la corte Constitucional que
reconocen su condición de vulnerabilidad, así como la confianza legítima del
vendedor, igualmente el debido proceso, la igualdad real, el mínimo vital,
reconocimiento de comunidades indígenas, afrodescendientes, madres cabezas de
familia, tercer edad y población en condición de discapacidad.
¿Porque la ley 1988 de 2019 no es una
verdadera política pública creada para diseñar programas en favor de los
vendedores informales?
Existen muchas
definiciones de lo que es una política pública, algunas de ellas: “son los
proyectos/actividades que un estado diseña
y gestiona, a través de un gobierno y
una administración pública, con fines
de satisfacer las necesidades de una sociedad”. o “Las Políticas
Públicas son las acciones de gobierno, es la acción
emitida por éste, que busca cómo dar respuestas a las diversas demandas de la
sociedad, como señala Chandler y Plano, se pueden entender como uso estratégico
de recursos para aliviar los problemas nacionales”.
En ese orden de ideas una política pública de vendedores
informales debe estar dirigida a la focalización de recursos y presentación de
proyectos de este sector poblacional considerado como “vulnerable” tal
es el caso de los ya mencionados como son madres cabeza de familia, tercera
edad, personas en condicion de discapacidad, etc.
Por lo tanto, una política pública de vendedores informales
no puede estar atravesada por procesos de privatizacion del espacio público ni
de aprovechamiento económico como lamentablemente ocurre con la ley 1988 de 2019
esbozado este planteamiento en su artículo 2. Igualmente, esta ley construida
en el gobierno saliente no contó con la participación real de los vendedores informales
y de sus organizaciones sindicales.
Por lo tanto, consideramos necesario que el nuevo gobierno
de Gustavo Petro aborde la construcción de verdaderas políticas públicas en
favor de esta poblacion.
Programa
de gobierno de gustavo petro:
Colombia
potencia mundial de la vida
pacto con la economia popular
valoramos positivamente el “pacto con la economía popular” y
resaltamos entre otros los siguientes puntos:
- cesará
la persecución policial a los trabajadores informales.
Importante romper con la cadena
de abusos policiales contra esta poblacion vulnerable, será una decisión
política que legitima la accion del estado, la paz y la convivencia ciudadana
-
La política pública será construida mediante
procesos de concertación directa con las y los trabajadores de la economía
popular.
Es
precisamente aquí donde pedimos la no aplicación de la ley 1988 de 2019 y la
construcción de verdaderas políticas públicas de vendedores, como punto de
referencia pedimos tener en cuenta el acuerdo municipal de Medellín “política pública
de venteros” del 2014.
-
El sistema financiero público al lado de una banca
cooperativa reemplazará el gota a gota
Compartimos
totalmente este punto sin embargo es bueno aclarar que las cooperativas no
deben usarse como un mecanismo de legitimidad de procesos de privatizacion de
espacio público, falsa formalización o como lo pretende el actual gobierno de
pérdida de derechos laborales, estabilidad laboral o perdida de independencia
laboral o económica del vendedor frente a las cooperativas.
-
GARANTIZAMOS el acceso a la pensión como derecho
para todos los adultos mayores de la economía. Popular
Excelente
propuesta con lo cual pueden contar con nuestra participación en la
caracterizacion de la poblacion adulta mayor que pudiera incluirse en dicho
proceso.
-
crearemos un sistema nacional de riesgos laborales
que responda a los diferentes oficios y niveles de riesgo asociados.
Efectivamente
los vendedores informales (ambulantes, estacionarios, semiestacionarios) se
encentran en absoluta desprotección frente a enfermedades propias de su ámbito
laboral.
- Crearemos
líneas especiales de microcrédito y crédito condonable
excelente
- la
situación de los y las trabajadoras de la economía. popular será considerada en
todos los programas estatales.
En programas de vivienda, salud,
educación para los más jóvenes y otros.
Conclusión
final y propuestas.
Por todo lo anteriormente expuesto es importante la
instalación de mesas de trabajo en las cuales se pueda profundizar en las
propuestas iniciales plasmadas en el Pacto con la economía popular.
Igualmente proponemos al gobierno entrante lo
siguiente:
1-
hacer efectivo el pacto con la economía popular y
si es necesario fortalecerlo y ampliarlo en lo referente a los vendedores
informales de Colombia (vendedores ambulantes, estacionarios y
semiestacionarios y otros).
2-
Solicitar la revisión y suspensión, no aplicación
de la ley 1988 de 2019 y convocar a la construcción de verdaderas políticas
públicas de vendedores informales en Colombia.
3-
Suspender la aplicación de políticas neoliberales
de privatizacion de espacio publica bajo la figura de aprovechamiento económico
que afectan no solo a los vendedores informales sino también a la comunidad en
general.
4-
Mantener una comunicación permanente con los
vendedores y sus organizaciones a través de una mesa ampliada de concertación o
consultoría a través del ministerio del trabajo.
5-
Las instalaciones de estas mesas de trabajo deben
hacerse con las organizaciones de vendedores informales, asi como el ministerio
del trabajo, Planeación Nacional, Prosperidad social y demás entidades del
estado.
Anexo
Hemos advertido que los procesos de privatizacion del espacio público
ya no afectan solamente a los vendedores informales que se ven despojados de su
única fuente de ingreso, también a las comunidades de los barrios se le imponen
este tipo de políticas que afectan la sana convivencia de la poblacion, perdida
de sus sitios de encuentro y transito comunitario.
El caso de este reportaje corresponde al parque del perro en
el tradicional barrio de san Fernando Cali:
Una de las calzadas de la Cra.34 está separada de la otra con materas,
esto con el objetivo de que sirva para delimitar la zona en la que ya no
pasarán más vehículos, sino que solamente se usará para que caminen los
visitantes del sector.
Aún no hay soluciones concretas para las problemáticas que aquejan a la
comunidad aledaña al Parque del Perro y, debido a esto, la Personería Distrital
instó nuevamente a la Administración Municipal para que haga seguimiento y
brinde soluciones a las quejas presentadas por los moradores de San Fernando
Viejo.
La Personería Distrital acaba de publicar otro informe en el que hace
seguimiento a las inconformidades de los caleños, documento en el que, además,
reveló posibles inconsistencias por parte de la Administración.
“Hay presuntas irregularidades en la implementación de la estrategia
para la reactivación económica del Parque del Perro, que van desde el
desconocimiento de los lineamientos normativos frente a las restricciones en la
movilidad, como también en los procesos contractuales”, dijo Harold Cortés,
personero de Cali.
Por ejemplo, el ente de control puntualizó en que el cierre de la Cra.
34 solo podía ser temporal y autorizada por las autoridades de Movilidad del
Municipio, pero que esta “se llevó a cabo sin ningún sustento normativo y
límite temporal”.
Además, se encontró una presunta irregularidad por parte del contratista
encargado (Fundación Escuela Taller de Cali) de elaborar las materas que están
separando la vía peatonalizada, debido a que el contrato informaba que debían
ser construidas a base de plástico reciclado y no compradas.
De hecho, la Personería Distrital emitió una acción preventiva ante la
Alcaldía, el 20 de enero de este año, pidiendo que se retiraran las mesas de
los restaurantes y se habilitara el tránsito de la Cra. 34, pero no se obtuvo
una respuesta clara por parte de la Administración.
“No se acataron los pronunciamientos de este órgano de control frente a
la generación de acciones que mitigan los impactos que estamos viviendo hoy en
día. Por eso, la entidad adelantará las indagaciones disciplinarias a las que
haya lugar, y seguiremos haciendo control preventivo”, aseveró Cortés.
Por lo anterior, la Personería pidió a la Alcaldía, nuevamente, que se
recupere la movilidad del sector y que se remita un informe que contenga las
acciones realizadas.
¿Qué opinan los habitantes del sector?
Según el Departamento Administrativo de Planeación Municipal (Dapm),
sobre la carrera 34 se construirá un bulevar peatonal, proyecto en el que están
trabajando. Sin embargo, los
residentes del sector, en su mayoría, argumentan que esto los tomó por
sorpresa, ya que no se les socializó la iniciativa.
“En general todos los residentes
estamos con un no rotundo frente al desarrollo de ese proyecto lineal, porque
lo único que ha ocasionado es trastornos a los habitantes del sector, solo
basta con ver que esas materas ya funcionan es de ceniceros y basurero para los
visitantes”, expresó una habitante del sector, quien prefirió que se reservara
su identidad.
Asimismo, se creó una mesa técnica con alrededor de 20 representantes de
la comunidad para velar por las peticiones de los habitantes de San Fernando
Viejo y recoger firmas para insistir en que no se desarrolle el bulevar.
“El bulevar no es la solución, yo creo que se deberían de hacer andenes
amplios donde la gente pueda caminar tranquila, así como los que hay alrededor
del estadio, pero no cerrando por completo una vía”, propuso Catherine Dupriez,
habitante del sector.
Cerca de nueve mil millones costará
el bulevar que se hará en la Cra.34 para peatonalizar este sector del
Parque del Perro, según informó Planeación Municipal.
La Administración responde
El director de Planeación de Cali, Roy
Alejandro Barreras, desmintió versiones de la comunidad y dijo que “se ha
socializado y compartido los diseños del proyecto, además la comunidad en
términos generales ha estado de acuerdo con la implementación final”.
En ese mismo sentido el funcionario comentó que las materas son una
solución temporal, ya que la idea es que las personas se acostumbren a que esa
será una vía peatonal, pero que estas solo se quitarán en el momento en que se
inicie con la construcción del bulevar.
Por otra parte, Barreras aclaró: “El convenio con la Fundación Escuela
Taller ha sido auditado por la Contraloría de Cali y todos los cuestionamientos
han sido resueltos. Ya hemos recuperado más de nueve toneladas de plástico para
transformarlas en mobiliario (materas), pero no era posible tenerlas de madera
plástica en el tiempo requerido y por eso se hizo esa compra”.
Por lo anterior, Barreras dijo que sí se harán materas de madera
plástica, pero que eso no quiere decir que todas ellas tengan que ser del mismo
material.
Más quejas
Catherine Dupriez, habitante del sector del Parque del Perro, denunció
que “Aquí los robos de los espejos de carros son constantes y también llegan a
meterse a los antejardines de las casas”.
Además, la mujer se mostró preocupada por la posible ampliación del
horario de la rumba en la ciudad, ya que indicó que eso podría empeorar las
problemáticas del sector.
https://calihoy.blogspot.com/2022/05/privatizacionespaciopublico.html
De
la privatización a la colectivización de los espacios públicos
https://www.archdaily.co/co/890182/de-la-privatizacion-a-la-colectivizacion-de-los-espacios-publicos#:~:text=Entendemos%20privatizaci%C3%B3n%20como%20el%20proceso,poco%20recomendable%20para%20la%20ciudadan%C3%ADa.
