La Asociación de Vendedores Ambulantes,
Estacionarios y Semi-Estacionarios de
Santiago de Cali, ASOVAES y la Unión general de Trabajadores
Independientes y de la Economía Informal UGTI- CUT, ratifican una vez
más el rechazo al acuerdo 0424 de 2017, Política Publica de Regulación y
Organización de Ventas Informales en el
espacio público del municipio de Santiago de Cali, por considerar que no es una
Política Pública para vendedores informales sino que por el contrario, busca su
desalojo a la fuerza, sin brindar ningún tipo de garantías y violando
normas de jurisprudencia vigentes una
vez lograda la recuperación y privatización del espacio público, objetivo
trazado por el gobierno nacional a través del CONPES 3718 y desarrollado
a través de dicho acuerdo municipal. En ese mismo orden de ideas
rechazamos la mal llamada caracterización
de vendedores informales, en el marco de dicho acuerdo ya que
con esta caracterización no se
busca reconocer las dificultades
económicas y sociales de los integrantes
de este gremio, sino desconocer los derechos de quien según el gobierno
municipal de MAURICE ARMITAGE, considere que ya no es población
vulnerable, estando en contravía y
desconociendo lo proferido por la Honorable Corte Constitucional en especial de en las sentencias
C-211 y T- 067 de 2017 entre otras.
Además
ASOVAES Y UGTI habían advertido que el proceso implementado a comienzos del presente año por parte de la Secretaria de Seguridad y Justica se efectuó sin cumplir con protocolos necesarios
de acompañamiento de los lideres vulnerando derechos, intimidando, amedrantando
al vendedor informal, y con cuestionarios
mal diligenciados, como lo ratifico el concejal Carlos Pinilla Malo en la plenaria del jueves 6 de
junio del presente año, ponente además
de dicho Acuerdo Municipal, que el Subsecretario
de inspección, vigilancia y control, Darío Fernando Daza que le había expresado que de 1000 (mil) caracterizaciones efectuadas 800
(ochocientos) quedaron mal hechas y tenía que ser así porque el personal que
implemento e interrogo a los vendedores en el desarrollo del cuestionario
no se encontraba capacitado para dicha labor, el cuestionario con más de 60
preguntas, algunas sin
relación
con las labores que desempeñan los vendedores otras totalmente irrespetuosas de
su condición humana, se efectuaron previa presión hacia estos trabajadores,
como que “si no realizaban el cuestionario
los desalojarían de sus puestos” o con calumnias como que “ASOVAES,
no quiere que los organicen para seguir sacándoles plata” o que si
hacían la caracterización les darían
“ayudas”, eso sin especificar de qué
ayudas se trata, igualmente, no se realizó acompañamiento por parte de la
Personería Municipal y no se permitió por parte de Funcionarios de la Secretaria de seguridad y justicia y
agentes de policía el acompañamiento de las organizaciones sindicales y de las
veedurías como ocurrió con la Veeduría No 46.
Ahora
se pretende realizar de nuevo dicha
caracterización con una reforma del
cuestionario en la que hay una lamentable participación del observatorio de
Políticas Públicas, POLIS de la Universidad ICESI que se limita a reformar
parcialmente dicho cuestionario pero
manteniendo lo esencial del acuerdo 0424
como política de desalojo de vendedores y
privatización del espacio público.
Por
todo lo antes expuesto siendo absolutamente responsables como organizaciones sociales
y sindicales hemos expresado todos estos
cuestionamientos a nuestros compañeros, indicándoles además que se abstengan de
realizar dicha caracterización y por
ende no deben firmar ya
que al hacerlo estarían aceptando lo impuesto y al contrario de las presiones
para que firme por parte del gobierno caleño, como organizaciones respetamos la
libertad que tiene cada uno de decidir
lo que considere más conveniente.
Finalmente
exigimos que se derogue dicho acuerdo y que
la administración municipal no dilate más la organización de los
vendedores de la ciudad con unas medidas para los puestos ya establecidas.
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