Jenny Barrera tiene 43 años. Vive en Ciudad Bolívar, tiene cinco hijos, uno de ellos, el menor, con discapacidad. Hace 32 años es vendedora informal para ganarse la vida. Trabaja dentro del Portal Tunal vendiendo comestibles y bebidas, pero desde el año 2018 cuenta que es perseguida por la policía.
“Me han impuesto 86 comparendos por supuestamente obstaculizar el tránsito de personas en Transmilenio, le debo más de 20 millones de pesos al Estado y lo que más me preocupa es que la Secretaría de Hacienda me envió una orden de embargo a todos mis bienes, no tengo como pagar”, manifestó preocupada Jenny Barrera.
Y el caso de Jenny no es el único, todos los vendedores informales que trabajan en el portal tunal de TransMilenio dicen que hay una persecución de la policía, ya que cuando imponen los comparendos sólo piden las cédulas para tomarles fotos y así cumplir con una cuota que “exigen” sus comandantes; sin embargo, nunca se enteran cuantos comparendos tienen acumulados.
El senador electo Inti Asprilla viene haciendo un acompañamiento jurídico a todos estos vendedores para pedirle al Estado que condone sus multas, ya que esta población se puede amparar en la sentencia C - 211 de 2017, que determina que los vendedores informales pueden estar en el espacio público para trabajar.
