Por: Javier Lopez B.
Coordinador Veeduria Vendedores Ambulantes, registro No 46 ante Personería Municipal.-Cali
Desde Bogota, Cali, Medellin, o como en los ejemplo de los tres vídeos que presentamos a continuación y que tomados de las redes sociales Facebook y Twitter, en ciudades como Palmira, Popayan y Pereira, o cualquier otra grande o pequeña en donde son permanentes las agresiones, violencia física y psicológica, abuso de poder, terrorismo, decomiso ilegal de mercancías, entre otras que marcan la conducta del estado colombiano y de funcionarios de gobiernos locales- administraciones municipales contra los trabajadores informales, vendedores ambulantes o estacionarios, contraviniendo incluso sentencias de la Honorable Corte Constitucional sobre Confianza Legitima, debido proceso, derecho al trabajo, mínimo vital, protección a vendedores discapacitados entre otras normas, y que solo tienen en cuenta a esta masa población para las estadísticas teniéndolos ahí si en cuenta como personas con un "empleo", pero que realmente lo que pretende disfrazar es las duras condiciones laborales de los colombianos que deben recurrir a cualquier tipo de trabajo para poder subsistir, de no ser por esto, las cifras de un dígito fácilmente superarían el 70 u 80 % de desempleo real en el país.
Sumando a lo anterior con la entrada en vigencia el 30 de enero del nuevo código de policía, se prevé un aumento de esta violencia en manos de agentes de policía y funcionarios locales, teniendo en cuenta que diversas organizaciones sindicales y sociales, incluidas las de los vendedores ambulantes en Bogota presentaron demandas contra dicho código que claramente viola normas constitucionales y que ya fueron admitidas por la Corte Constitucional, se espera que se pueda echar para atrás, mientras los vendedores que sean agredidos deberán de acuerdo a cada caso presentar acciones de tutela amparadas bajo los preceptos ya mencionados de la Corte, igualmente se hace necesario presentar denuncias y quejas ante los organismos de control que aunque no son efectivos a la hora de sancionar a funcionarios abusadores, dichas quejas deben servir para sustentar denuncias y demandas ante organismos internacionales de derechos humanos.
lo que no sirve es no hacer nada o simplemente quejarse en las redes..recuerden sustentar sus quejas debidamente....
