Las autoridades municipales se comprometieron a atender las dudas del gremio de vendedores ambulantes de Cali sobre el nuevo Código de Policía. Esto después de que un nutrido grupo de dichos comerciantes protagonizara un marcha en la mañana del viernes que recorrió algunas calles del centro de la ciudad.
Los manifestantes alegaban que la nueva ley amenzaba su derecho al trabajo, y que con ella la Policía Nacional tendría potestad para capturar a quienes ocupen el espacio público para usos comerciales.
Laura Beatriz Lugo, secretaria de Gobierno de Cali, lideró el diálogo con los ciudadanos inconformes, llegando a la instalación de una mesa que pretendería aclarar las cuestiones de los vendedores informales.
"Constituímos una mesa de trabajo con los vendedores ambulantes, en la que vamos a analizar la implementación del Código de Policía", dijo la funcionaria. Y explicó: "Este es un código de convivencia, vamos a tener seis meses para la socialización en los que la Policía va a tener sólo unos comparendos pedagógicos. Para la aplicación penal del Código tenemos que esperar la reglamentación del Gobierno Nacional, y luego los procesos locales, tanto los decretos que deban ser expedidos por el Alcalde, como los temas que deban ir a debate en el Concejo".
Por su parte, Nelson Muñoz, vocero de los vendedores de la zona centro de Cali, señaló: "en la reunión con la Alcaldía se recogieron muchos de los puntos que hemos planteados. Esperamos que puedan seguir los diálogos para construír en conjunto las políticas públicas para los vendedores informales".
Según el teniente Alberto Valero de la Policía Metropolitana, los temores de los pequeños comerciantes no tendrían sustento legal, pues "no es cierto que la Policía pueda tener atribuciones de contenido penal para proceder a realizar una captura a quien invada el espacio público".
Lo que sí continúa en vigencia es la posibilidad que tienen las autoridades para tomar medidas en contra de la invasión del espacio público, a partir de la reubicación de vendedores ambulantes o estacionarios.
Sobre ello, el teniente Valero agregó que "la invasión del espacio público altera la convivencia. La ley le da prioridad al derecho a la libre locomoción sobre el derecho al trabajo que alegan los vendedores. Ahí la Policía llega a intentar organizarlos, reubicarlos y darles también la posibilidad de trabajar".
La próxima reunión entre el Municipio y el gremio de vendedores fue pactada para el 28 de marzo.
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