Según el DANE, de la población colombiana en 2016 (47´343.492 habitantes), 23´550.504 (el 51.16%) constituye la población económicamente activa (PEA), o sea las personas en edad de trabajar que trabajan o buscan empleo[1].
La manera como se inserta esta población al mercado laboral es clave en el aseguramiento de sus derechos económicos y sociales, entre ellos los de salud, la protección contra riesgos laborales que puedan provocar enfermedades profesionales o incapacidades permanentes, y al aseguramiento de una vejez digna mediante la percepción de unos ingresos que protejan contra la pobreza. El acceso a un trabajo decente resulta clave para que las ideas de la libertad e igualdad se puedan realizar efectivamente en la vida cotidiana de las personas.
La situación del mercado laboral no le garantiza a la mayoría de la PEA las condiciones materiales de su libertad y de su igualdad, empezando porque Colombia presenta una tasa de desempleo muy alta para los estándares internacionales y países con características y desarrollo económico similares al nuestro. En 2016 la tasa de desempleo promedio para todo el año fue del 9.2%, sin ninguna mejora respecto del 2015, que fue del 8.9%, y además se situó por encima de la tasa promedio de desempleo de los países de América Latina: 7%, según la CEPAL. Esto equivale a una población de 2´248.801 personas, casi los mismos habitantes que tienen Cali y Yumbo juntas.
El desempleo es peor para los jóvenes (población entre 14 y 28 años), pero sobre todo para las mujeres jóvenes, y en general para los jóvenes de las barriadas pobres de las ciudades. Las mujeres presentan una tasa de desempleo del 12.5%, 5 puntos por encima de la de los hombres. En promedio, los jóvenes tienen una tasa de desempleo del 16.4%, y para las mujeres jóvenes el desempleo en 2016 fue del 21.4%, superior casi 9 puntos de la de los hombres jóvenes. En las comunas pobres de Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla las tasas de desempleo de la población joven son aún más graves, superan el 45%, situación que explica los altos niveles de delincuencia en estas ciudades, pues para muchos jóvenes es la única alternativa de ingreso y de reconocimiento que tienen, pues tampoco tienen acceso a la educación superior. Estos indicadores tampoco mejoraron con respecto de los indicadores del 2015.
El desempleo en general es muy alto en la mayoría de las ciudades. Para las 23 ciudades la tasa de desempleo en 2016 fue 10.2%; para las cabeceras fue 10.3%, y 5.3% para los centros poblados y rural disperso. En las zonas rurales el desempleo se enmascara bajo cualquier actividad, así no sea remunerada.
El promedio nacional de desempleo fue entonces 9.2%, y por encima del mismo estuvieron Bogotá (9.3%), Pasto (9.5%), Santa Marta (9.5%), Pereira (9.9%), Montería (9.9%), Sincelejo (10.1%), Manizales y Villa María (10.3%), Tunja (10.6%), Medellín y Valle de Aburrá (10.7%), Cali y Yumbo (10.8%), Neiva (11.0%), Valledupar (11.8%), Villavicencio (12.0%), Florencia (12.0%), Popayán (12.7%), Ibagué (13.2%), Riohacha (13.3%), Armenia (14.9%), Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios y El Zulia (15.4%) y Quibdó (17.5%). Únicamente en tres ciudades: Cali, Barranquilla y Pasto, la tasa de desempleo bajó en 2016.
Estas tasas de desempleo podrían ser peores sino fuera por la metodología con que el DANE define la población ocupada y la población inactiva, metodología que ha sido adoptada en el seno de la OIT. Según esta metodología, la población ocupada la conforman personas que durante el período de referencia se encontraban en una de las siguientes situaciones: a) trabajaron por lo menos una hora remunerada en la semana de referencia; b) los que no trabajaron en la semana de referencia, pero tenían un trabajo; c) los trabajadores sin remuneración que laboraron en la semana de referencia por lo menos 1 hora.
Así que si usted trabaja una hora en la semana, aunque no se la paguen, en las estadísticas hace parte de la población ocupada. En el 2016, por ejemplo, el 4.27% de la población ocupada (946.000 personas) se clasificó como “trabajador familiar sin remuneración” y “trabajador sin remuneración en empresas de otros hogares”. Adicionalmente, entre la población inactiva se incluyen personas que ya no buscan empleo, pues se cansaron de hacerlo y no encuentran atractivo ni dignificante el empleo precario que les resulta, por lo que tampoco figuran entre la población desempleada.
Empleo y Trabajo Decente
Cuando el DANE informa que la tasa desempleo baja o sube, no nos dice nada acerca de la calidad del empleo que se genera o se pierde. Los indicadores sobre trabajo decente en el país hay que buscarlos en otros datos que también entrega el DANE, pero que no son noticia en los medios.
Por ejemplo, los datos sobre trabajo informal que publica el DANE se refieren al trabajo en empresas que ocupan hasta 5 personas, incluyendo al patrono y/o socios, excepto los independientes profesionales[2], no a la protección social que deben tener todos los trabajadores en materia de salud y riesgos laborales, y en materia de ingresos para la vejez (pensiones) y para el desempleo. Para el primer caso, el DANE aplica una encuesta que cubre 23 ciudades y áreas metropolitanas, según la cual de cada 100 ocupados, 48.6 son informales, con una leve mejoría respecto a 2015, año en que fue de 49.2%, indicador que sigue siendo superior al promedio de América Latina. El 60.9% de estos trabajadores son cuenta propia, lo que indica que en Colombia trabajar por cuenta propia no representa en la mayoría de los casos una expresión de autonomía, sino simplemente una estrategia de sobrevivencia ante el poco capitalismo que tenemos, y ante la evidente debilidad del Estado Social para garantizar la protección de los ingresos a los desempleados, situaciones que obligan a millones de personas a auto emplearse en cualquier cosa para asegurarse algún sustento. La mayoría de los “cuenta propia” trabaja en actividades del comercio, hoteles y restaurantes (42.72%), en servicios sociales y personales (16.52%), en la industria manufacturera (11.74%), y en el transporte (11.34%).
Por ejemplo, los datos sobre trabajo informal que publica el DANE se refieren al trabajo en empresas que ocupan hasta 5 personas, incluyendo al patrono y/o socios, excepto los independientes profesionales[2], no a la protección social que deben tener todos los trabajadores en materia de salud y riesgos laborales, y en materia de ingresos para la vejez (pensiones) y para el desempleo. Para el primer caso, el DANE aplica una encuesta que cubre 23 ciudades y áreas metropolitanas, según la cual de cada 100 ocupados, 48.6 son informales, con una leve mejoría respecto a 2015, año en que fue de 49.2%, indicador que sigue siendo superior al promedio de América Latina. El 60.9% de estos trabajadores son cuenta propia, lo que indica que en Colombia trabajar por cuenta propia no representa en la mayoría de los casos una expresión de autonomía, sino simplemente una estrategia de sobrevivencia ante el poco capitalismo que tenemos, y ante la evidente debilidad del Estado Social para garantizar la protección de los ingresos a los desempleados, situaciones que obligan a millones de personas a auto emplearse en cualquier cosa para asegurarse algún sustento. La mayoría de los “cuenta propia” trabaja en actividades del comercio, hoteles y restaurantes (42.72%), en servicios sociales y personales (16.52%), en la industria manufacturera (11.74%), y en el transporte (11.34%).
En relación con la protección social, la Encuesta Continua de Hogares del DANE arroja datos reveladores sobre afiliación a salud y a pensiones: en 2016, de cada 100 trabajadores 49.1 cotizaban a salud y 36.2 a pensiones, con una leve mejoría respecto a 2015 (48.7% y 35.1% respectivamente). Sobre afiliación al sistema de riesgos laborales, el dato lo da FASECOLDA: en 2016, de cada 100 ocupados 45.3 están afiliados a riesgos laborales. Resumiendo: en 2016, de cada 100 trabajadores, 56.5 tenían un empleo precario por fuera del sistema de protección social.
Respecto de las actividades económicas en las que está empleada la población trabajadora, la mayor proporción, 27.9%, lo está en el comercio, hoteles y restaurantes. Le sigue la ocupación en el sector de servicios sociales, comunales y personales, con el 19.5%. Aquí se ubican los trabajadores del Estado, la fuerza pública, los trabajadores de la educación, la recreación y el deporte, los artistas, las trabajadoras domésticas, los que reparan todo tipo de aparatos personales y del hogar, las peluqueras, etc. Le sigue la ocupación en el sector agropecuario, incluyendo la pesca, con el 16.12%; industria (11.5%); almacenamiento, transporte y comunicaciones (8%); actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (7.9%); construcción (6.3%); intermediación financiera (1.5%); explotación de minas y canteras (0.8%), y suministro de electricidad, gas y agua (0.5%).
La calidad y/o precariedad del trabajo que tienen estas personas las entrega FASECOLDA, y hace referencia a su afiliación al sistema de riesgos laborales, un indicador claro acerca de qué tanto cumplen la ley los empleadores, y qué tanto el Estado la hace cumplir. Según FASECOLDA, en 2016 estaban afiliados 10´039.437 trabajadores, o el 45.31% de la población ocupada, entre ellos 532.165 por cuenta propia.
Aunque en el último año se presentó una mejora respecto a 2015, es evidente que en este terreno la desprotección es mucha, los avances demasiado lentos y exiguos, y la ausencia del Estado enorme. La mayor desprotección se encuentra en la agricultura, donde únicamente está afiliado el 10.29% del total de los trabajadores. El sector de comercio, hoteles y restaurantes tiene solo el 22.63% de afiliación; el transporte, almacenamiento y comunicaciones tiene una afiliación del 41.63%, y en los servicios sociales, personales y comunales la afiliación es de 45.31%.
Fecha: 13 febrero, 2017
[2] DANE, Ficha Metodológica. Gran Encuesta Integrada de Hogares. Proporción de informalidad según tamaño de empresa hasta 5 trabajadores.
