StreetNet en recorrido por el centro de #Cali

 

Streetnet en Cali

El organizador de StreetNet para las Américas, Patrick Kane, se reunió la semana pasada con la filial local de UGTI, afiliada a Streetnet, en Cali, al suroeste de Colombia. Asovaes-UGTI organiza en toda la ciudad, y en particular en el centro de la ciudad, donde se estima que 8000 vendedores informales trabajan. Están profundamente preocupados por las políticas que afectan a los vendedores ambulantes del alcalde Jorge Iván Ospina y, en particular, temen que una agenda política que, según las autoridades, está dirigida a formalizar y organizar a los vendedores (mediante la creación de un registro en toda la ciudad y la concesión de permisos para los vendedores), en realidad está dirigida a privatizar el espacio público, eliminando el permiso de facto para trabajar que muchos vendedores de la ciudad han tenido durante décadas y, en última instancia, reduciendo masivamente la cantidad de vendedores autorizados para trabajar en el centro de la ciudad. Asovaes-UGTI dicen que un estudio de "censo socioeconómico" de la autoridad local está siendo utilizado cínicamente no sólo para registrar a los vendedores, sino también para categorizar falsamente su estatus socioeconómico como más alto de lo que es en realidad, con el fin de utilizar esto como justificación para eliminar su permiso para trabajar en el espacio público del centro de la ciudad. StreetNet apoya su llamamiento a todos los candidatos a las elecciones a la alcaldía de la ciudad del próximo mes para que se comprometan a proteger los derechos de los vendedores ambulantes y a respetar su derecho a utilizar el espacio público y a llevar una vida digna. #reporteroenterritorio #streeetnetamerica #EconomíaInformal #RT #colombia

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#Colómbia Las contradicciones del impulso a la #economíapopular y la lucha contra la #informalidad.

Según cifras del Dane, en Colombia hay 12,8 millones de trabajadores informales.

Mientras el presidente Petro busca apoyar a las personas que viven del rebusque, sus discursos y políticas parecen chocar con acciones para reducir la informalidad, y con las propias definiciones que ha trazado el Gobierno sobre la economía popular.

La economía popular es un concepto que se ha convertido en el corazón de las políticas del gobierno de Gustavo Petro. Dentro de su Plan Nacional de Desarrollo quedó definida como los oficios y ocupaciones mercantiles y no mercantiles (domésticas o comunitarias) desarrolladas por unidades económicas de baja escala, como personas, familias, micronegocios o microempresas, en cualquier sector económico.

Desde el inicio de su mandato, Petro ha sido enfático en impulsar y apoyar la economía popular, que desde el principio se relacionó a la informalidad y el rebusque. Sin embargo, algunas de las políticas que se han ido estructurando en su administración, y también el discurso en torno a ellas, generan dudas en relación con si hay una contradicción entre dar atención a esa economía popular y dar soluciones a la informalidad.

Juan Miguel Gallego, subdirector general de Prospectiva y Desarrollo Nacional del Departamento Nacional de Planeación (DNP), asegura que la economía popular “es un concepto multidimensional que abarca más de la visión binaria de lo formal e informal, y permite entender mejor la distribución del tejido empresarial en Colombia”.

Gallego sostiene que la economía popular no es igual a informalidad, y que tampoco es sinónimo de improductividad o subsistencia. Y también explica que el concepto se diferencia, por ejemplo, de la idea de micronegocios, en que habilita las asociaciones comunitarias, y reconoce un capital de relacionamiento social mucho más fuerte.

“El error de la política pública es buscar la formalización per se. Y hay varias definiciones de formalización. Si llevamos a que todo sea formalizado podemos destruir iniciativas privadas que pueden ser altamente productivas y que aún no están a la escala de ser formales, de pagar impuestos. El objetivo de la política pública es mejorar la productividad y aumentar la capacidad de mejorar ingresos de estas unidades productivas”, asegura Gallego.

¿Qué busca el Gobierno con la economía popular?

Entre las primeras medidas que decidió impulsar el Gobierno está la creación de un Sistema de Información Estadístico para la Economía Popular, el Siep, en el cual viene trabajando el Dane desde mayo. El objetivo de este implica contar con datos y mediciones que faciliten la focalización de políticas públicas del Gobierno.

Entre las banderas que viene impulsando Petro está también darle financiamiento a la economía popular. Para ello ha propuesto que la banca pública, por medio del Banco Agrario y Bancoldex, otorgue créditos de manera más flexible a estos grupos: a menores tasas o tasas subsidiadas y en un volumen mayor de préstamos.

El pasado 6 de septiembre, en la Cumbre Mundial de Bancos que sesionó en Cartagena, el primer mandatario aseguró que “el reto es financiar la economía popular, que es la que garantiza el 80 por ciento de los puestos de trabajo”, pero que no se rige por las condiciones laborales formales.

El presidente Petro aseguró que, si se financia en grande, y no marginalmente, “podríamos tener uno de los instrumentos más importantes en la lucha contra la pobreza”, y cuestionó cómo lo que se ha buscado “es cómo disminuir la economía informal para inflar la economía formal”.

“Nosotros cambiamos esa idea: al fluir el apoyo del Estado, esa economía informal, que nosotros llamamos economía popular, podría ser la gran dinamizadora de la sociedad, de la economía colombiana para convertirla en instrumento fundamental de la superación de la pobreza”, dijo Petro en su momento.

En varias intervenciones recientes el presidente ha hablado de este concepto. También ha hecho referencia a que las palabras reflejan relaciones de poder. “Por eso nosotros dejamos de hablar de informales. La gente no se divide entre formales e informales. La gente es trabajadora. Punto”, dijo también el mandatario a finales de agosto, cuando lanzó “Full Popular”, un nuevo programa del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) que capacita y entrega recursos para crear y fortalecer pequeños negocios “populares”.

En ese sentido, el plan del mandatario es que el Sena se articule para “empoderar” a la economía popular y vincular a ella, y a las asociaciones comunitarias, el conocimiento tecnológico de la entidad.

Además de financiamiento y conocimiento, el Gobierno tiene otros planes para fortalecer a la economía popular. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo, que es la hoja de ruta para estos cuatro años de gobierno, se aprobó entre otras cosas la participación en contratación y compras públicas, por medio de la figura de Asociaciones Público Populares, alianzas entre entidades del Estado y personas naturales u ONG de la economía popular.

Las políticas en torno a la economía popular se están planteando desde diferentes entidades del Gobierno. Desde la Dian, por ejemplo, se está avanzando en una amplia estrategia contra la evasión. Como explicó a CAMBIO su director, Luis Carlos Reyes, el foco de esta estrategia no son los informales, sino los grandes evasores.

“El gran reto de la evasión no está en ir a formalizar un mundo de negocios pequeños, sino de ir detrás de grandes evasores. A veces se tiende a mezclar, y decir que hay mucha evasión porque hay mucha informalidad. En un país donde tantos trabajadores son responsables, no hay plata en ir detrás de un pequeño negocio, de una persona que vende dulces o un negocio muy pequeño, que incluso, si fuera 100 por ciento formal, no estaría sujeto a impuestos”, comentó el funcionario.

¿Por qué hay una contradicción?

Dentro de todas estas propuestas y planes que tiene el Gobierno no es claro si se tiene también una meta para fomentar la formalización de los trabajadores, de modo que tengan acceso y cobertura en materia de seguridad social.

Indicadores de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) muestran que, para junio de 2023, se registraban en el país 12,2 millones de cotizantes a salud y 10,9 millones de cotizantes a pensión, cuando la cifra de trabajadores, u ocupados, en el país ronda los 22 millones de personas.

“El discurso del presidente puede ser interpretado de varias maneras. Algunas afirmaciones podrían llevar a pensar a que no desearía que se siguiera haciendo a futuro una diferencia, por lo menos en el lenguaje, entre trabajadores formales e informales. Pero si no se hace esa diferencia, lo que podría pasar es que se oculten los problemas de la informalidad, cuando lo que se requiere es visibilizar el problema como primer paso para darle una solución”, comenta Alejandro Useche, profesor asociado de la Universidad del Rosario.

El académico indica que, incluso, se podría profundizar la problemática, y por ello sugiere mirar en detalle las propuestas del Gobierno para el manejo de la economía popular. “Si bien el espíritu es muy adecuado, hay que revisar qué tan viables son en la práctica, y cuál va a ser su repercusión efectiva sobre la calidad de vida de las personas”, dice.

Entre los aspectos positivos que destaca Useche está el hecho de dar atención a la informalidad como tal, y que esto es aspecto fundamental para reducir la inequidad y luchar contra la pobreza. El experto también ve positivo el permitir que los pequeños empresarios puedan acceder al crédito bajo parámetros más flexibles a los que ofrece el sistema financiero, y la idea de trabajar en la formación del talento humano. Sin embargo, reconoce que todo esto tiene un costo económico muy alto.

“Es fundamental que el discurso venga acompañado de un presupuesto real, pero no solo para iniciar estos proyectos, sino para que sean sostenibles en el tiempo. Tener políticas y programas alrededor de lo que se haya llamado economía popular es positivo, pero la pregunta es si esto es posible y sostenible a lo largo del tiempo”, dijo.

De otro lado, Roberto Angulo, fundador de Inclusión, firma dedicada a estudios para el desarrollo, considera que más que contradicciones en torno a la economía popular, en realidad lo que se encuentra es una confusión en la definición.

Como explica el economista, el Gobierno tiene dos enfoques de economía popular. “Está el enfoque del Plan de Desarrollo, de Planeación Nacional, que define a la economía popular como unidades productivas de baja escala, pero no importa si son formales o informales”, comenta Angulo. Esta definición no está direccionada solo a propietarios pobres, sino que incluye tanto a propietarios formales como informales.

Pero, dice el experto, hay otro enfoque desde el mismo Gobierno. “Cuando uno oye al presidente, o al Ministerio de Comercio, hablan más de los excluidos e informales, no solo focaliza a las unidades productivas de baja escala, sino a los informales y excluidos. Y además, el Gobierno a veces considera que lo popular es distinto a lo privado, y tiende a desligarlos conceptualmente”, asegura Angulo, quien destaca que lo privado también es importante para robustecer el tejido productivo popular.

Para el economista, lo contradictorio está en el discurso y por ello se crea una confusión, y dice que todavía no es clara la estrategia del Gobierno, porque no necesariamente coinciden las definiciones y la manera en que se aborda la economía popular dentro del Gobierno.

fuente: https://cambiocolombia.com/economia/las-contradicciones-del-impulso-la-economia-popular-y-la-lucha-contra-la-informalidad?fbclid=IwAR3p-JVf06ES3kRpg15iimuOrV2BjTsA6WXCRLrxzXOWTKKLmX-TSCFERUc

la formalización laboral en colombia, de la informalidad a la formalidad

Cuánto le cuesta al Estado la formalización de los trabajadores que tiene a través de contrato de prestación de servicios u otras figuras? esa formalización no es poner a la gente hacer un curso de uñas o de emprendimiento, es ingresar a la nómina estatal a esos trabajadores con todas las prestaciones sociales y las garantías de ley, sin embargo en el tema de los vendedores informales los gobiernos locales pretenden una falsa formalización a través de cursos de emprendimientos, cursos de uñas, cursos en el sena etcétera etcétera, las organizaciónes es sindicaleslas ,las asociaciones de vendedores deben de rechazar tajantemente esto, deben de ser contundentes, si la formalización de los trabajadores que están en el estado le cuesta el estado y es una formalización con reconocimiento de derechos por qué para los vendedores informales tiene que ser un simple curso chimbo de uñas o emprendimiento,? es de simple lógica que esto se debe rechazar, ojalá la gente y sobre todo los líderes aterricen los temas. 👇